Jueza que condenó a Leopoldo López fue designada Defensora del Pueblo

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, designó este jueves como defensora del pueblo a una polémica jueza, antes de que un nuevo parlamento de mayoría opositora asuma a principios del próximo año.

La nueva defensora Susana Barreiros estuvo a la cabeza del polémico juicio al líder opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, acusado de incitar la ola de protestas antigubernamentales que dejó 43 fallecidos el año pasado.

En octubre, uno de los fiscales del caso, Franklin Nieves, dijo que había recibido presiones de la justicia para encarcelar a López con pruebas falsas y huyó del país.

"Proponer a Susana Barreiros es una ofensa. Esta doctora está profundamente cuestionada en su actuación ética y moral", dijo Hermes García de la bancada opositora, que se abstuvo de votar.

"Esta Asamblea Nacional moribunda se ha puesto de espaldas a la voluntad popular", agregó el parlamentario en referencia al triunfo que le aseguró a la oposición la mayoría parlamentaria que le permitirá, a partir del 5 de enero, nombrar a los integrantes de los poderes públicos, entre otras prerrogativas.

La bancada oficialista aplaudió la decisión, defendiendo la probidad moral de la jueza Barreiros.

"Nos alegra que la burguesía ataque a una mujer valiente. Que la valentía sea criticada nos llena de satisfacción. Vamos por el camino correcto", dijo el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello.

El también vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) adelantó que antes del fin de la actual legislatura, nombrarán a 18 magistrados del máximo ente judicial, una decisión que según sus críticos es "ilegal" y "apresurada", a días de que cambie la correlación de fuerzas.

Políticos opositores aseguran que los 13 magistrados titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo período vencía recién en diciembre del 2016, fueron obligados a renunciar para que la oposición no pueda nombrar a jueces independientes.

Además, denunciaron que el comité de postulaciones, encargado de la preselección de los candidatos, no está integrado por independientes sino por miembros del PSUV.

La Constitución venezolana establece que los miembros de los poderes públicos deben ser nombrados con la aprobación de los dos tercios del parlamento; sin embargo, argucias legales han permitido al oficialismo hacerlo con mayoría simple.